El Consejo de la Magistratura defendió este jueves la legalidad de la Convocatoria 11/2026 y aseguró que el proceso para cubrir 16 acefalías judiciales respondió a una necesidad del servicio de justicia y cumplió con los procedimientos establecidos por la Constitución y la Ley del Órgano Judicial.
La institución afirmó que la convocatoria «fue legalmente aprobada por la Sala Plena» con el propósito de garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Beni.
El Consejo explicó que la decisión respondió a la insuficiencia de postulantes disponibles de la tercera promoción de la Escuela de Jueces del Estado, debido a que varios egresados rechazaron las designaciones, sobre todo en provincias.
“Mantener despachos judiciales sin autoridad jurisdiccional por falta de postulantes disponibles habría comprometido la continuidad del servicio público de administración de justicia y afectado el derecho de acceso oportuno a la justicia de la ciudadanía», dice un comunicado.
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El documento también responde a los cuestionamientos surgidos en torno a la aprobación de la convocatoria. En ese sentido, el Consejo aseguró que la determinación «fue adoptada válidamente por la Sala Plena», conforme a las competencias establecidas en la Constitución y la Ley 025.
Asimismo, precisó que la sesión en la que se aprobó la convocatoria se realizó sin la presencia del presidente del Consejo de la Magistratura, quien cumplía una comisión oficial en Santa Cruz entre el 17 y el 27 de abril. Sin embargo, ratificó que esa circunstancia «no altera la validez, eficacia o ejecutoriedad de la Convocatoria 11/2026».
La institución informó que durante las gestiones 2025 y 2026 priorizó el ingreso de egresados de la Escuela de Jueces del Estado y concretó 20 designaciones en los nueve distritos judiciales, antes de activar el mecanismo excepcional previsto por la Ley 025 para cubrir las vacantes restantes.
El Consejo de la Magistratura pidió que el debate sobre la administración de justicia se desarrolle con base en información objetiva y respeto al marco legal.
En esa línea, exhortó a evitar «afirmaciones o interpretaciones que puedan generar incertidumbre en la población, afectar la confianza en las instituciones del Estado o comprometer la estabilidad y continuidad del servicio judicial».
