El diputado de Alianza Libre Armin Lluta ratificó este miércoles que no retirará el proyecto de ley para la regularización y nacionalización de vehículos chutos, pese a las críticas de transportistas, importadores y autoridades de países vecinos.
Aseguró que la iniciativa continuará su trámite legislativo y será socializada con los sectores que expresaron observaciones.
“Nosotros no vamos a retirar, vamos a mejorarlo, vamos a ampliar y vamos a hacer mesas técnicas”, dijo a los periodistas en La Paz.
Armin Lluta
El legislador sostuvo que la propuesta responde a una demanda de las regiones productivas y negó que busque favorecer actividades ilegales.
Explicó que el objetivo es otorgar seguridad jurídica a propietarios de vehículos utilizados principalmente en tareas agrícolas y de producción.
Lluta afirmó que la norma no será retirada de la Asamblea Legislativa y que, por el contrario, impulsará reuniones con organizaciones sociales, transportistas y otros sectores para explicar el alcance del proyecto y recoger sugerencias que permitan fortalecer el texto antes de su tratamiento.
Autos Chutos
El diputado insistió en que la propuesta contempla mecanismos para evitar la legalización de motorizados con denuncia de robo y plantea mayores controles para impedir el ingreso de nuevos vehículos de contrabando al país.
Añadió que el proceso incluiría procedimientos de verificación para excluir unidades con antecedentes ilícitos.
La iniciativa generó posiciones encontradas. Organizaciones del transporte libre rechazaron el proyecto al considerar que provocaría una depreciación de los vehículos adquiridos legalmente y enviaría una señal equivocada frente al contrabando.
Proyecto
También advirtieron que la medida afectaría al sector formal.
El debate también alcanzó al Gobierno. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que corresponde a la Asamblea Legislativa discutir la propuesta y que, solo si la norma es aprobada, el Ejecutivo evaluará su pertinencia y la forma de aplicación.
En los últimos días, la propuesta también generó repercusiones fuera del país, mientras continúa el debate sobre sus posibles beneficios económicos y los riesgos que implicaría para el control del contrabando y el mercado automotor boliviano.
