La advertencia del Órgano Judicial de iniciar un paro escalonado si no son atendidas sus demandas presupuestarias abre un nuevo foco de tensión para el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y podría convertirse en un obstáculo para su agenda de reformas, afirmó el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez.
En una entrevista, el jurista señaló que la postura asumida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, refleja el surgimiento de un nuevo actor político e institucional con capacidad de incidir en la gobernabilidad del país.
«Lo que va a existir es un oponente fuerte que puede surgir en el Tribunal Constitucional para la gobernabilidad de Rodrigo Paz», afirmó Gutiérrez.
Franklin Gutiérrez
Según explicó, el Ejecutivo ha anunciado reformas estructurales en áreas como la economía y la explotación de recursos estratégicos, las cuales deberán ajustarse plenamente al marco constitucional. De lo contrario, advirtió, podrían ser impugnadas y eventualmente anuladas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El constitucionalista recordó que cualquier autoridad legitimada, entre ellas el Presidente, el Vicepresidente o un legislador, puede promover acciones de inconstitucionalidad contra las leyes que apruebe la Asamblea Legislativa.
Un conflicto institucional
Gutiérrez sostuvo que el anuncio de un paro por parte del Órgano Judicial constituye una señal política que va más allá de una simple reivindicación presupuestaria.
«El presidente de la Suprema tiene la libertad de expresar sus necesidades y le dice: ‘vamos a parar’. Ojo, vamos a crear una inseguridad jurídica en el pueblo porque el que va a pagar los platos es el litigante», manifestó.
A su juicio, una paralización de los tribunales provocaría retardación de justicia, incertidumbre jurídica y una multiplicación de incidentes y recursos procesales por el incumplimiento de plazos.
Asimismo, consideró que el conflicto evidencia un cambio en el rol que está asumiendo el Poder Judicial dentro del escenario político nacional.
«Ahora con el señor Rómer Saucedo eso ya no es así; no solamente son la boca de la ley, sino también expresan sus necesidades como institución. O sea, pueden protestar y pueden amenazar», sostuvo.
TCP
Respecto al funcionamiento del Tribunal Constitucional, Gutiérrez afirmó que, pese a que actualmente solo cuenta con cuatro magistrados en funciones, esa situación no impide que continúe resolviendo acciones de constitucionalidad.
«La Sala Plena no existe en número, pero la Sala Plena en cuanto elegidos está ahí… esos cuatro tribunos tienen que manifestarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma», explicó.
En ese sentido, descartó que la ausencia de cinco magistrados paralice el control constitucional sobre las leyes que impulse el Gobierno o apruebe la Asamblea Legislativa.
Demanda
El constitucionalista también consideró que el Órgano Judicial no ha logrado transmitir adecuadamente las razones de su pedido de mayor presupuesto, lo que dificulta obtener respaldo ciudadano.
«Lo que pasa es que el órgano judicial no se está haciendo entender muy bien lo que están pidiendo… mientras primero venga la amenaza, nadie les va a entender», afirmó.
A su criterio, si las autoridades judiciales explicaran con mayor claridad las limitaciones que enfrentan para administrar justicia, la demanda podría encontrar mayor comprensión en la población. Sin embargo, advirtió que iniciar el debate con amenazas de paralización debilita su posición y alimenta un escenario de mayor confrontación entre órganos del Estado.
