El pleno de la Cámara de Senadores resolvió este miércoles devolver a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral el proyecto de modificación de la Ley 026 del Régimen Electoral, que plantea establecer el debate público y obligatorio para los candidatos a cargos electivos.
Durante la sesión, los legisladores coincidieron en la importancia de que quienes aspiren a un cargo de elección popular expongan sus propuestas ante la ciudadanía.
Sin embargo, surgieron diferencias respecto a las sanciones previstas para quienes decidan no participar en esos debates.
El senador de Unidad César Mentasti expresó su respaldo a la obligatoriedad de los debates, aunque cuestionó que la norma contemple sanciones que, en su criterio, podrían vulnerar derechos políticos.
«Estoy muy de acuerdo con la obligatoriedad del debate de los candidatos para escuchar sus propuestas; esto es importante para la población. Pero el hecho de que pongamos una sanción en la ley implica una vulneración de derechos políticos y, con un simple amparo, nos van a tumbar la ley», afirmó.
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Tras escuchar las observaciones de los legisladores, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, anunció que el proyecto volverá a la comisión para incorporar las propuestas planteadas durante el debate.
«Vamos a remitir toda la información a la comisión», señaló.
En contraste, el senador de Libre Ernesto Suárez defendió la necesidad de que la obligación esté acompañada por una sanción para garantizar el cumplimiento de la norma. «Tiene que existir un grado de obligatoriedad. Puede sonar fuerte la inhabilitación, pero esto es importante. Coincido en que el debate debe ser obligatorio y estar respaldado por una sanción», mencionó.
La Comisión de Constitución deberá elaborar un nuevo informe con las observaciones presentadas antes de que el proyecto vuelva a consideración del pleno para su tratamiento.
